Manual para ir a la cárcel en pijama: ¿Vale tu «like» ocho años de libertad?

¿Tu post te llevará a la cárcel? Costa Rica propone hasta 8 años de prisión por ofensas al honor en redes sociales.
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Imaginalo por un segundo. Estás en tu sillón, el brillo del celular es la única luz en la habitación y acabás de leer algo que te revuelve el hígado. Un político, un empresario o ese vecino «intocable» hizo algo que, según vos, merece el escrutinio público. Escribís un comentario mordaz, lo compartís con un «se sabe que este es un ladrón» y te vas a dormir con la satisfacción del deber cumplido.

Ese «click», que hoy te parece un acto de justicia poética, podría ser mañana tu boleto de entrada a San Sebastián o al Buen Pastor (Cárceles en Costa Rica.

Este martes, mientras la mayoría de nosotros navegábamos en la inmediatez de la indignación digital, el diputado Gilberto Campos Cruz —curiosamente jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista— decidió que ya es hora de que el Estado nos quite el teclado de las manos o, al menos, nos cobre muy caro el uso que le damos. Bajo el brazo llevaba el expediente 25.441, una propuesta que pretende sacudir el polvo de un Código Penal que, seamos honestos, huele a 1970.

El anacronismo de la impunidad vs. el garrote digital

El argumento de Campos es seductoramente lógico: cuando se redactaron nuestras leyes sobre el honor, el chisme más peligroso llegaba a la esquina del barrio o, con mucha suerte, a una nota perdida en un periódico de papel. Hoy, una difamación viaja más rápido que la luz y tiene una vida eterna en los servidores de Google. El daño, dicen, es masivo. Y por eso, la respuesta debe ser igual de contundente.

Pero aquí es donde la narrativa se vuelve oscura. El proyecto no solo busca modernizar; busca castigar con la cárcel. Hablamos de una escala que va desde los seis meses hasta los ocho años de prisión si se te ocurre —o si te pagan— por difundir ofensas que afecten la reputación de alguien.

Lo irónico del asunto es que un partido que lleva «Liberal» en el nombre esté proponiendo que el Ministerio Público —ese que ya no da abasto con el crimen organizado— ahora use nuestros impuestos para investigar quién le dijo qué a quién en un grupo de WhatsApp o en un post de Facebook. La propuesta transforma las ofensas al honor de un pleito privado (donde vos pagás tu abogado) a un delito de acción pública, donde el Estado se convierte en el guardaespaldas de la reputación ajena.

El juego de la «jactancia»: Mostrá las pruebas o prepará las maletas

Lo más inquietante, y quizás lo más cinematográfico de esta propuesta, es la figura de la “jactancia”. ¿Viste a esa gente que publica: «Tengo las pruebas de que X recibió una coima, pronto las verán»? Bueno, bajo esta ley, la Fiscalía podría tocarte la puerta: «Presente las pruebas hoy mismo o lo procesamos por ofensas al honor agravadas». Se acabó el bluff digital. El silencio o la falta de evidencia se pagan con años de celda.

Incluso se propone que el tiempo para que el delito prescriba se detenga si decidís no denunciar de inmediato para «no hacer más grande el escándalo». Es decir, la espada de Damocles puede colgar sobre tu cabeza por mucho más tiempo del que imaginás.

¿Protección necesaria o bozal de platino?

Es fácil estar de acuerdo cuando pensamos en las víctimas de noticias falsas o ataques sistemáticos que destruyen familias. Pero la pregunta incómoda surge sola: ¿Quién define el límite entre la crítica ácida, necesaria en una democracia, y la «ofensa al honor»? En un país donde la justicia a veces camina a paso de tortuga, ¿queremos realmente a los fiscales rastreando hashtags mientras las calles arden?

Campos Cruz asegura que el ordenamiento actual es insuficiente para la era del algoritmo. Y tiene razón. Pero el remedio propuesto tiene un aroma a censura que debería hacernos levantar una ceja. Porque, al final del día, si este proyecto se convierte en ley, el costo de «decir la verdad» (o lo que creés que es la verdad) podría ser el mismo que el de un asalto a mano armada.


¿Estamos listos para vivir en un país donde un comentario en redes sociales te puede llevar a compartir celda con un criminal violento, o es esta la única forma de detener la toxicidad digital?

Me encantaría leer tu opinión en los comentarios (prometo que, por ahora, es gratis y legal).


Fuentes para mentes inquietas: