En Brownsville, Texas, a escasos metros del río Bravo, un juez de voz suave, lentes delgados y curriculum conservador hizo algo que pocos esperaban: Puso un alto al rugido de la narrativa trumpista sobre una supuesta «invasión» venezolana.

Fernando Rodriguez Jr., nominado por el mismo Donald Trump en 2017 y con un historial que haría a cualquier republicano aplaudir de pie, se sentó frente a un abogado del Departamento de Justicia y lanzó una pregunta que cortó como bisturí:
¿Puede el presidente decidir qué es una invasión, declarar que está ocurriendo y entonces usar una ley de guerra de 1798 para expulsar a los ‘invasores’?

La respuesta fue un “sí” sin vacilaciones. Pero lo que vino después fue más poderoso que cualquier retórica de campaña.

Porque cuando el juez Rodríguez respondió con otra pregunta —»¿Eso no haría ilimitados los poderes del presidente bajo esa ley?»— lo que hizo no fue solo exponer una falla legal. Desnudó una peligrosa ilusión: Que en nombre del miedo se puede reescribir la historia, el derecho y la lógica.

El caso parecía salido del guion de una distopía. Más de 200 venezolanos detenidos en el centro El Valle, al norte de Brownsville, fueron subidos a autobuses rumbo a El Salvador. Algunos ni siquiera sabían por qué estaban siendo deportados. Otros ni siquiera tuvieron oportunidad de contactar a un abogado. La administración argumentó que eran parte del “Tren de Aragua”, una pandilla venezolana que, según el gobierno, era prueba fehaciente de una invasión.

¿Invasión? Sin ejército, sin guerra, sin tanques. Solo miedo, y un decreto presidencial.

Pero aquí está la ironía: La figura encargada de revisar este argumento legal no fue un juez activista de izquierda, sino uno formado en Yale, endurecido en firmas de abogados texanas y modelado por misiones evangélicas contra la trata de personas. Uno que, durante su confirmación, habló de haber crecido con una madre soltera cerca de la pobreza. Uno que entendía, como pocos, el significado de “vulnerabilidad”.

Cuando Rodríguez preguntó si había pruebas históricas que respaldaran que la ley de 1798 permitía deportar a personas por ser parte de una pandilla moderna, el abogado del gobierno tartamudeó. No había. Ni tratados, ni cartas, ni precedentes. Solo una palabra manipulada: Invasión.

Y así, el castillo de naipes comenzó a caer.

Su fallo fue claro: No, Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones masivas sin una base legal sólida. No, no estamos en guerra con el Tren de Aragua. Y no, el miedo no es suficiente para anular el Estado de derecho.

Este fue el golpe legal más duro —y tal vez el más simbólico— a los intentos de Trump por usar tribunales como trampolín político. Porque este revés no vino de Washington. Vino desde el corazón mismo del territorio fronterizo, donde la migración no es teoría, sino vida cotidiana.

Mientras tanto, otros jueces en Texas, Colorado y hasta la Corte Suprema están cuestionando la misma lógica. El mapa judicial, que parecía inclinarse hacia la derecha dura, ahora se fragmenta ante la realidad jurídica. Incluso en el Quinto Circuito, bastión del conservadurismo, la batalla se complica.

Y aquí entra la pregunta que muchos no se atreven a hacer: ¿Qué pasa cuando los propios jueces conservadores comienzan a decir “basta”?

No se trata solo de un caso más. Es un espejo que muestra hasta dónde ha llegado la obsesión con convertir el miedo en política, la frontera en campo de guerra, y a los migrantes en soldados enemigos.

Y lo más escalofriante: Si este intento legal hubiera prosperado, se habría sentado un precedente que permitiría a cualquier futuro presidente declarar una “invasión” a conveniencia. ¿Protestas masivas? ¿Pandillas locales? ¿Redes criminales? Bastaría con una palabra para poner en marcha mecanismos de deportación masiva sin supervisión judicial.

Pero no esta vez.

La pregunta ahora es nuestra:
¿Y si la verdadera invasión no es de migrantes, sino de narrativas que buscan desmantelar la justicia desde dentro?

Fuentes verificables:
“In Texas Borderland, Trump’s Immigration Push Suffers Its Worst Legal Defeat Yet” – The New York Times (02 de mayo de 2025)
https://www.nytimes.com/2025/05/02/us/politics/trump-deportees-texas.html

¿Y tú? ¿Crees que un presidente debería tener poder absoluto para decidir quién se queda y quién se va?
Te leo en los comentarios.