En la encrucijada de América, donde el istmo se estrecha y los vientos del norte y del sur se encuentran, hay un lugar que se ha convertido en un laberinto de desesperación para miles de migrantes y deportados. Costa Rica y Panamá, dos naciones que alguna vez fueron puentes hacia el sueño americano, ahora se han transformado en un «agujero negro» donde los derechos humanos parecen desvanecerse en la oscuridad.

Imagina por un momento que eres uno de los cientos de migrantes que, tras ser deportados de Estados Unidos, se encuentran varados en Panamá. Te han confiscado tu pasaporte y tu celular, te niegan el acceso a asistencia jurídica y te trasladan entre puestos remotos sin saber a dónde te llevan. Este es el panorama desolador que enfrentan muchos en la región, mientras las autoridades locales luchan por manejar un flujo migratorio que, de repente, circula en sentido contrario.

Las restricciones y la falta de transparencia han desatado una ola de críticas por parte de observadores de derechos humanos. Las autoridades, por su parte, insisten en que sus acciones buscan proteger a los migrantes de los traficantes de personas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y turbia.

En febrero de este año, Panamá reportó 2.200 entradas de migrantes que, rechazados en Estados Unidos, comenzaron a dirigirse hacia el sur. Este flujo inverso es un reflejo directo de la política migratoria del expresidente Donald Trump, quien intentó acelerar las expulsiones sin considerar las consecuencias humanitarias.

Harold Villegas Román, profesor de ciencias políticas y experto en refugiados de la Universidad de Costa Rica, lo resume así: «Somos un reflejo de la política migratoria actual de Estados Unidos. No hay visión de derechos humanos, solo hay una visión de control y seguridad. Todo es muy turbio. Todo es muy poco transparente.»

A principios de mes, Estados Unidos envió 299 deportados, en su mayoría de naciones asiáticas, a Panamá. Alrededor de 150 de ellos, dispuestos a regresar a sus países, embarcaron en vuelos con la ayuda de agencias de Naciones Unidas y pagados por Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no quieren o no pueden regresar?

Carlos Ruiz Hernández, viceministro de Exteriores de Panamá, asegura que un pequeño grupo está en contacto con organizaciones internacionales y con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), mientras consideran solicitar asilo en el país. Sin embargo, la realidad es que ninguno de ellos quiere quedarse en Panamá; todos sueñan con regresar a Estados Unidos.

Una deportada china, que habló bajo condición de anonimato para evitar represalias, relató cómo fue trasladada desde un hotel en la Ciudad de Panamá a un campamento remoto en la región del Darién. Sin saber a dónde la enviaban, sin firmar los documentos de expulsión en Estados Unidos y sin acceso a asistencia legal, se siente atrapada en un limbo sin fin.

«Esto nos privó de nuestro proceso legal», afirmó, mientras se comunicaba con la AP a través de mensajes con un celular que mantuvo oculto. Su testimonio es solo uno de los muchos que revelan la cruda realidad de la migración inversa en Centroamérica.

Costa Rica y Panamá han negado hasta ahora el acceso a la prensa a las instalaciones donde están retenidos los migrantes. Panamá había invitado a reporteros al Darién esta semana, pero canceló la visita, alimentando aún más las sospechas sobre la falta de transparencia.

«Panamá no puede terminar transformándose en un agujero negro para migrantes deportados», señaló Juan Pappier, director adjunto de Human Rights Watch para América. «Los migrantes tienen derecho a comunicarse con sus familiares, a buscar abogados y Panamá debe garantizar transparencia sobre la situación en la que se encuentran.»

Mientras tanto, Kimberlyn Pereira, una venezolana de 27 años que viaja con su esposo y su hijo de cuatro años, espera en un centro de detención costarricense cerca de la frontera con Panamá. Tras meses de espera para obtener una cita de asilo en México y enfrentar el bloqueo de las vías legales de entrada a Estados Unidos, decidió regresar a casa. Sin embargo, la confusión y el aislamiento siguen siendo sus compañeros de viaje.

«Nos sentimos un poco más protegidos, nos han dado comida. Lo único que nos preocupa es este ’ven aquí, okay pa allá, métete aquí’», expresó Pereira, mientras las autoridades panameñas intentaban evitar que los periodistas siguieran a los migrantes.

La situación se complica aún más cuando se trata de niños. El Estado costarricense ha sido denunciado ante la ONU por presunta violación de los derechos humanos de menores deportados por Donald Trump. Según la demanda, estos niños llevan casi dos meses sin acceso a educación y salud, recluidos en condiciones que podrían causarles daños irreparables.

En este contexto, ¿qué futuro les espera a los migrantes y deportados en Centroamérica? ¿Hasta cuándo seguirán siendo víctimas de políticas migratorias que los tratan como números en lugar de personas? ¿Es posible encontrar una solución que respete los derechos humanos y la dignidad de todos?

Fuentes:

• Costa Rica denunciada ante ONU por presunta violación de derechos humanos de niños deportados por Donald Trump
• Panamá y Costa Rica: El agujero negro para migrantes deportados

Imagen Destacada: Dall-E