Era una noche cualquiera en Costa Rica. Mientras el país dormía, la burocracia trabajaba. En un despacho iluminado por el frío resplandor de una pantalla, un documento cruzaba escritorios sin hacer ruido. No llevaba sirenas, ni advertencias, ni titulares de prensa. Solo unas pocas páginas con instrucciones claras: En diez días hábiles, todas las empresas de telecomunicaciones debían entregar a la Dirección de Inteligencia Tributaria las bases de datos de sus clientes.
¿Quién lo ordenó?
El oficio llevaba la firma de Julieta Abarca Robles, subdirectora de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. Pero no era una simple petición: Exigía información masiva. No consultas individualizadas, no solicitudes específicas, sino TODA la información. Cada usuario de servicios de telecomunicaciones del país se convertía, de golpe, en parte de una base de datos gubernamental.
¿Qué información pedían?
Todo. Nombre completo, número de cédula, pasaporte o Dimex, número de teléfono, correo electrónico, tipo de contrato, e incluso la dirección georreferenciada del domicilio. Un mapa detallado de millones de ciudadanos, cortesía de las operadoras.
¿Cuándo ocurrió esto?
El oficio tiene fecha del 12 de marzo, con un plazo de entrega de diez días hábiles. Eso significa que, para el 26 de marzo, los datos debían estar en manos de Hacienda. Lo más inquietante: esta no sería una entrega única, sino un requerimiento mensual.
¿Dónde pasó esto?
Costa Rica, el país que alguna vez se enorgulleció de su democracia, de sus derechos civiles y de su respeto a la privacidad. Un país que, hasta ahora, no había visto a su gobierno exigir semejante recolección de datos ciudadanos sin previo aviso ni consulta (tal vez el caso UPAD del PAC).
¿Por qué lo hicieron?
La justificación oficial: Inteligencia tributaria. La Dirección General de Tributación puede solicitar información a individuos, sectores económicos o sujetos específicos para investigaciones fiscales. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo se justifica pedir información de millones de personas que no están bajo ninguna investigación?
¿Cómo nos enteramos de esto?
Fue el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien encendió la alarma. «Es una solicitud sospechosa», «sin justificación clara», «sin que sean personas señaladas por ninguna investigación fiscal», denunció Feinzaig.
Y ahora qué…
El silencio gubernamental es atronador. Nadie ha salido a explicar cómo protegerán la información de los ciudadanos, qué mecanismos de seguridad se implementarán o, más importante aún, qué harán con esos datos. ¿Se almacenarán para siempre? ¿Se cruzarán con otras bases de datos? ¿Habrá acceso discrecional por parte de otras entidades del Estado?
Las preguntas quedan en el aire. Pero hay una que todos deberíamos hacernos: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que el Estado invada nuestra privacidad antes de decir «basta»?
Autor: X Mae
Fuente: nacion.com