Imaginen esta escena: un pequeño quiosco de periódicos, repleto de titulares vibrantes, lucha por sobrevivir en una calle dominada por imponentes rascacielos de cristal. Los transeúntes, absortos en sus teléfonos, pasan de largo sin siquiera una mirada. Este quiosco, señoras y señores, es el periodismo australiano. Los rascacielos, por supuesto, son los gigantes tecnológicos: Meta, Google, TikTok.
Esta no es una alegoría sacada de una novela distópica, sino un reflejo de la tensa realidad que vive Australia. ¿Qué está pasando? El gobierno australiano, liderado por el Primer Ministro Anthony Albanese (¿quién?), ha decidido redoblar la apuesta en su lucha contra el poderío de las Big Tech. ¿Cuándo? A partir de enero de 2025, con la ley formalizándose en febrero tras el receso parlamentario. ¿Dónde? En Australia, pero con implicaciones globales.
En 2021, Australia se convirtió en pionera con una ley que obligaba a estas empresas a pagar por el contenido noticioso que alojaban en sus plataformas. ¿Por qué? Para compensar la pérdida de ingresos que los medios tradicionales sufren debido al auge de las plataformas digitales. La idea era simple: si te beneficias de nuestro contenido, pagas.
Pero Meta, dueña de Facebook e Instagram (¿quién?), no está dispuesta a jugar bajo estas reglas. A principios de este año, anunció que no renovaría los acuerdos de pago con los medios australianos, provocando una pérdida estimada de 200 millones de dólares australianos (¿qué?) y eliminando la pestaña de noticias en Facebook Australia. Su argumento: “la gente no viene a Facebook por noticias”. ¿Cómo? Retirando su apoyo financiero y redirigiendo la inversión a otras áreas.
La respuesta del gobierno australiano fue contundente. Calificó la decisión de Meta como una “dejación fundamental” de su “responsabilidad con los usuarios australianos”. La Ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, advirtió del peligro de que la desinformación llenara el vacío dejado por las noticias. Y ahora, ¿cómo contraataca Australia? Con una nueva estrategia: el “Incentivo de Negociación de Noticias” (News Bargaining Incentive).
Este nuevo marco (¿cómo?) obligará a las empresas tecnológicas con ingresos anuales superiores a 250 millones de dólares australianos (160 millones de dólares estadounidenses) a llegar a acuerdos comerciales con las organizaciones de medios, incluso si no comparten directamente su contenido, o se arriesgan a impuestos más altos. A diferencia del modelo anterior, ahora tendrán que pagar incluso si no llegan a acuerdos. El gobierno argumenta que las plataformas digitales obtienen enormes beneficios financieros de Australia y tienen una responsabilidad social y económica de contribuir al acceso de los australianos a un periodismo de calidad.
Aquí reside la incomodidad. ¿Es esto una justa compensación o una extorsión digital? ¿Están los gobiernos legitimados para obligar a las empresas privadas a financiar un sector específico, aunque sea el periodismo? ¿Dónde queda la libertad de mercado? ¿Y qué papel juega la ciudadanía en todo esto?
Esta situación nos obliga a cuestionar el equilibrio de poder en la era digital. Nos enfrenta a la disyuntiva entre la supervivencia del periodismo de calidad y la libertad de las grandes tecnológicas. Nos invita a reflexionar sobre el valor de la información en un mundo inundado de contenido.
Australia ha puesto el cascabel al gato. Ahora, el mundo observa con atención las consecuencias de esta audaz jugada. ¿Será el principio del fin de la impunidad de las Big Tech? ¿O un peligroso precedente que amenaza la innovación y la libertad de expresión? La respuesta, como siempre, está en el aire… y en nuestras decisiones.
Autor: X Mae
Fuente: BBC